La inflación no da tregua y las personas mayores no son ajenas a la presión que genera la subida de los precios. El incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) anual en torno al 3,0% en septiembre de 2025 vuelve a poner sobre la mesa una pregunta básica: ¿están las pensiones y los ingresos de las personas mayores a salvo frente a la inflación?
Frente a ese incremento, el Gobierno aplicó una revalorización general de las pensiones contributivas del 2,8% para 2025, calculada según la normativa vigente que vincula la subida al IPC medio interanual. El Ministerio de Economía lo justificó como la herramienta para “garantizar el poder adquisitivo” de los pensionistas.
No obstante, la revalorización no siempre compensa inmediatamente la subida de precios en todos los hogares y menos los de los mayores, con unos patrones de consumo diferentes al resto de la población.
Qué ganan y qué pierden los pensionistas con ese 2,8%
A modo orientativo, la subida del 2,8% supone entre unos 500–600 euros anuales adicionales para la pensión media de jubilación, según las estimaciones oficiales. Para muchos titulares de pensiones medias y altas esa subida reduce el golpe de la inflación.
Sin embargo, para los más pobres, la mejora es menor que el impacto relativo que sufren por el encarecimiento de ciertos bienes básicos (alimentos, energía, medicamentos).
El patrón de consumo de los mayores difiere del resto de la población: destinan una mayor proporción de su presupuesto a partidas que han experimentado tasas de subida superiores al IPC
Las pensiones mínimas también han recibido un ajuste: en 2025 las cuantías mínimas varían según edad y situación familiar.
Por ejemplo, la pensión mínima para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo se sitúa en torno a 12.241,60 € anuales según los datos de 2025, lo que da una idea de la frontera entre vulnerabilidad y cobertura contributiva.
Sin embargo, para hogares monoparentales o personas con otros costes sanitarios la cuantía puede quedar corta.
¿Son las personas mayores una economía doméstica frágil?
Podemos afirmar que sí, aunque con matices. La fragilidad depende de la combinación de ingresos (pensión y otras rentas), gastos (vivienda, energía, medicamentos) y patrimonio.
Los estudios y encuestas de gasto indican que el patrón de consumo de las personas mayores difiere del resto de la población: destinan una mayor proporción de su presupuesto a vivienda, electricidad y salud, partidas que han experimentado tasas de subida superiores al IPC general en distintos periodos.
El último microcenso de gasto elaborado por Household Budget Survey muestra cambios en las estructuras de consumo que pueden penalizar a las rentas fijas.
Vivienda, energia, alimentación y medicamentos son productos y servicios a los que más dinero destinan los mayores y que han subido por encima del IPC
Por tanto, aunque la revalorización mitiga parte del efecto inflacionario, los hogares de mayores con pensiones bajas o sin ahorros son los que quedan más expuestos: un aumento constante de la energía o de la cesta básica reduce su capacidad de compra de forma proporcionalmente mayor que la de un hogar con ingresos más altos.
Productos y servicios que más les afectan
Entre los capítulos del IPC que más influyen sobre el presupuesto de los mayores destacan:
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Vivienda y energía: subidas en recibos y suministros encarecen la vida doméstica, especialmente para quienes viven en su vivienda y soportan facturas completas.
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Alimentación: aunque los patrones de consumo han cambiado, los productos frescos y básicos constituyen una parte importante del gasto. Las subidas de precios en estos grupos afectan directamente al presupuesto mensual.
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Sanidad y medicamentos: aunque España tiene cobertura pública, copagos, transporte sanitario y la compra de productos no financiados aumentan el gasto out-of-pocket.
Los análisis de consumo y el seguimiento de pagos con tarjeta muestran que, cuando el IPC crece, las familias ajustan ocio y restauración antes que alimentación, pero los hogares con menos margen recortan compras de calidad o medicamentos no subvencionados.
Redes de protección: ¿qué ayudas tienen los mayores?
El sistema español dispone de varias palancas para mitigar la pérdida de poder adquisitivo. La primera es vía revalorización automática de pensiones (Ley 21/2021 y normas posteriores) por la cual se actualizan las pensiones vinculadas al IPC medio, aplicada en 2025 con un 2,8%. Esta es la protección universal más relevante.
Tambien existen los complementos a mínimos, por los cuales una pensión contributiva que queda por debajo del mínimo legal puede solicitar un complemento que la eleva hasta la cuantía mínima fijada. Millones de pensionistas cobran este complemento cada año. La Seguridad Social tramita estos complementos y establece límites económicos para su cobro.
España refuerza en 2025 la protección social a mayores con pensiones revalorizadas, complementos mínimos y ayudas energéticas para hogares vulnerables.
Asimismo, los consumidores vulnerables (entre ellos pensionistas con pensiones mínimas) pueden acceder al Bono Social Eléctrico y descuentos energéticos: descuentos en la factura de la luz (Bono Social).
Durante 2025 se aplicaron descuentos extraordinarios (por ejemplo, entre el 50 % y el 65 % para vulnerables en el primer semestre, con porcentajes adaptados en la segunda mitad del año). Estos descuentos atenúan directamente la presión sobre las economías domésticas más expuestas.
Pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital (IMV): prestaciones destinadas a quienes no alcanzan cobertura contributiva suficiente. Tanto las no contributivas como el IMV también han visto ajustes en los últimos años para proteger a la población más vulnerable.
Cortafuegos insuficientes
La subida del IPC (3,0% anual en septiembre de 2025) coloca una presión real sobre los presupuestos de los mayores en España.
La revalorización de pensiones del 2,8% y las ayudas puntuales (complementos a mínimos, bono social eléctrico) constituyen un cortafuegos importante, pero insuficiente para todos los casos: las economías domésticas más frágiles siguen vulnerables ante aumentos sostenidos en energía, vivienda y salud.
Para lectores y responsables públicos: conviene mantener la política de actualización automática de las pensiones, reforzar la difusión y acceso a complementos y bonos sociales, y estudiar medidas complementarias (complementos autonómicos, exenciones o ayudas farmacéuticas) dirigidas a los pensionistas con menor renta.
La clave está en combinar revalorizaciones periódicas con ayudas selectivas que lleguen con agilidad a quienes más las necesitan.
