Comienzan las sanciones de hasta 7.500 euros a los empleadores que paguen por debajo del SMI

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Tras la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sueldo de las empleadas de hogar es de los que más se ha modificado, ya que por ley, este colectivo debe cobrar, como mínimo y en proporción a la jornada de trabajo realizada, el total establecido por el SMI anualmente.

De esta forma, que un empleador pague menos de lo que corresponde por ley a una trabajadora está recogido como ‘infracción muy grave‘ y la Inspección de Trabajo ya ha alertado de las posibles multas al infractor: una multa que oscila entre 751 euros y 7.500 euros, dependiendo de la gravedad del caso, y que comienzan de manera inminente.

Este 2024 no pueden cobrar menos de 1.134 euros si reciben el salario en 14 pagas (pagas extraordinarias aparte) o de 1.323 euros si lo reciben en 12 pagas (extras prorrateadas, repartidas mes a mes.

Además, El Ministerio de Trabajo ha anunciado que no sería solamente dicha multa es la única que tendrían que satisfacer los empleadores.

El organismo estatal lleva tiempo ya endureciendo medidas para la protección de las empleadas del hogar, como es este caso. Primero, la aprobación del derecho a paro, históricamente negado a los empleados domésticos y, segundo, mejora de las condiciones laborales. Saber qué cobra una cuidadora de personas mayores es de obligado cumplimiento para no caer en este tipo de sanciones.

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Acción calificada como ‘muy grave’

Tal y como se desglosa en el Artículo 8.1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISO) al ser una infracción calificada como ‘muy grave’, vendría acompañada de una multa de entre 751 euros y 7.500 euros. Además, el empleador deberá compensar el retraso en el incremento salarial durante todo el periodo denunciado, y aplicar un 10% adicional por intereses de demora.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) es una normativa española que regula las infracciones y sanciones en el ámbito laboral y de la seguridad social. Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social, así como proteger los derechos de los trabajadores. Esta ley establece las conductas que son consideradas infracciones y las sanciones correspondientes para las mismas.

Una cuidadora coge del brazo a una anciana mientras pasean por la calle.

De acuerdo con esta ley, cualquier incumplimiento relacionado con la duración de la jornada laboral, el trabajo fuera del horario habitual, el trabajo durante la noche, los períodos de descanso y vacaciones, y otros aspectos relacionados con el tiempo de trabajo, constituye una infracción grave según esta normativa.

En resumen, el artículo 8.1 de la LISOS establece que las violaciones de las regulaciones relativas al tiempo de trabajo y los descansos obligatorios son consideradas infracciones graves, sujetas a las correspondientes sanciones.

El salario de las empleadas de hogar prescribe al año

Una de las situaciones que también hay que tener en cuenta es que el salario de los trabajadores prescribe al año. Es decir, que aunque un empleador haya estado más tiempo sin pagar el SMI, solo tendrá que compensar el salario dejado de percibir durante el último año. Asimismo, los empleadores tendrían que hacer frente a un recargo del 35% por las cuotas no abonadas a la Seguridad Social y, en este caso, la prescripción es de 4 años.

Este tipo de sanciones se unen, junto otro paquetes de medidas, que pretende llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, como otra multa de hasta 7.500 euros por llamar a los empleados fuera de su horario laboral, o la misma cantidad como sanción para aquellas empresas que no dispongan de un Plan de Igualdad.

Se trata de otra medida del Gobierno para dignificar el sector de los cuidados domiciliarios que, desde el año 2022 viene desencadenando una hoja de ruta muy clara con el propósito de minimizar los efectos de la economía sumergida, pues, según datos internos de Aiudo, el Gobierno de España dejó de ingresar en la recaudación de impuestos en 2023 cerca de 1.200 millones de euros producto de la economía sumergida en el sector de los cuidados.

Por otra parte, todavía no hay una normativa en firme sobre la reducción de jornada a 37,5 horas semanales para enero de 2025. Sin embargo, el borrador que el Ministerio de Trabajo ha enviado a los agentes sociales ya dibuja las líneas básicas sobre las directrices que se aprobarán para 2025.

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