El CEO de Aiudo, Daniel Ibiza, insta a las familias a apostar por empresas que trabajen bien, que estén acreditadas, tengan buenas referencias y que no hagan prácticas como colaboraciones con falsos autónomos.
Las estafas en el mundo de la asistencia domiciliaria están a la orden del día, desafortunadamente. El último caso más reciente tiene su parada en Mallorca, donde un grupo de mujeres de origen latino, que se dedican a cuidar personas mayores o enfermas, han denunciado haber sido víctimas de un fraude.
En concreto, culpan a un individuo de origen cubano, quien las captó, presuntamente, en calidad de representante de una empresa que se dedica a ofrecer cuidadoras a las familias que necesitan contratar a una persona que se encargue de los cuidados de un enfermo que no puede valerse por sí mismo.
Se calcula que la cifra de mujeres damnificadas por esta situación alcanza, solo en Mallorca, el centenar de víctimas. Las cuidadoras se están uniendo para presentar de inmediato una denuncia conjunta ante la Policía para que investigue los hechos.
El perfil de las víctimas sigue unos patrones bien marcados: mujer, de origen extranjero, sobre todo latino, en situación irregular en España y deseosas de encontrar un empleo que les permitiese vivir en España.
La supuesta empresa que representaba el individuo les ofrecía la posibilidad de tener un empleo, aunque fuera sin contrato laboral.
Dicha sociedad, que se publicita con total normalidad en internet, ofrece servicios de asistencia a las familias que necesitan encontrar a una persona que se encargue de cuidar a un allegado que precisa de la ayuda de una cuidadora. Se llama ‘Te cuidamos Baleares”, y está ahora mismo bajo sospecha.
La empresa responde por la mujer a la que se contrata, y el servicio tiene un coste cercano a los 1.800 euros al mes. La letra pequeña es que las cuidadoras están obligadas a estar atentas las 24 horas del día, salvo los fines de semana, de la persona a la que brinda los cuidados, por unos 1.000 euros al mes.
El modus operandi esconde una particularidad: primero se lleva a cabo una entrevista con el empresario que, aunque cuenta con sede física en la isla, este tipo de toma de contacto se realizaba en un bar, una cafetería, o una panadería, incluso en cualquier lugar de la vía pública.
Seguidamente se aprovechan de la desesperación y vulnerabilidad propia de la situación ya que, al estar de manera irregular en España, estas cuidadoras no pueden acceder a un contrato laboral. Por lo que en la gran mayoría de los casos aceptaban las condiciones laborales para trabajar como internas.
El empresario, de los 1.800 euros del coste del servicio que abonaban las familias, se quedaba en torno con un 40%, ya que el salario de las cuidadoras es de unos 1.000 euros mensuales.
Las víctimas han relatado que, tras varios meses cobrando su salario, este mes pasado ya no ha sido posible, y que el empresario les envió un certificado bancario de que, en efecto, había abonado el sueldo, pero el dinero no ha llegado a su cuenta.
La sospecha es que ha podido falsear el documento y, actualmente, están sin cobrar sus nóminas y ejerciendo los cuidados por los que se les reclamó. El empresario, por su parte, ha bloqueado a muchas cuidadoras tanto del WhatsApp como de las llamadas, por lo que es imposible ponerse en contacto con él. La policía ya está recabando toda la información necesaria para averiguar el paradero de este individuo.
Dentro del sector de los cuidados a domicilio, desde Aiudo tenemos conocimiento que existen empresas que han suplantado a otras empresas para facilitar a gente de países africanos su entrada en España, cobrarles para falsificar documentación.
¿Cómo actuar ante una situación así?
Ante el alarmismo que ha provocado esta situación, desde Aiudo queremos acercar una serie de consejos para evitar que este tipo de prácticas proliferen con total normalidad:
- Como cuidadoras, alertar desde el primer momento de alguna situación irregular que no viniese recogida inicialmente en el momento de hablar por teléfono con el empresario que les ofrece trabajo, como alguna carga extra de su actividad.
- Antes de aceptar cualquier oferta, investigar la empresa en registros oficiales como el Registro Mercantil o el registro de actividades económicas.
- Consultar reseñas y opiniones en internet o preguntar a otras trabajadoras que hayan tenido experiencia con la empresa.
- No aceptar acuerdos verbales únicamente. Solicitar contratos escritos, aunque sea como autónoma o empleada irregular.
- Si las entrevistas se realizan en lugares informales (como bares o en la calle), esto puede ser una señal de alerta.
- Conservar mensajes, correos electrónicos, recibos, fotos o cualquier tipo de comunicación con el empleador.
En el caso de regularizar la situación de una trabajadora siempre hay que incluir en el Régimen Especial de Empleados de Hogar.
“Nosotros nos hemos asesorado hasta con cinco despachos de abogados distintos en materia de internas y sí que existe un consenso por el que una empleada de hogar debe estar en el Régimen Especial de Empleados de Hogar, porque es el que contempla el alojamiento y la manutención”, recalca Ibiza.
En lo que respecta a las autoridades pertinentes, desde Aiudo se solicita crear canales de denuncia accesibles, especialmente dirigidos a personas en situación irregular, garantizando anonimato y protección.
Además, es necesario intensificar la labor en la difusión de campañas a las familias sobre la importancia de contratar mediante vías legales.
Otra de las recomendaciones es crear un registro público de empresas del sector, algo que ayudaría a las trabajadoras y familias a identificar empresas legítimas y confiables.
La situación irregular de las cuidadoras es algo que perjudica a las familias pues, aunque estas pudieran hacerlo por un favor a la cuidadora.
En palabras del CEO de Aiudo, “si en algún momento la trabajadora denuncia a la familia una vez regularizada su situación, tiene acceso más rápido a la asesoría legal y agilización de trámites. Es un atajo muy ruin y goloso que podría poner en peligro a las familias, porque la responsabilidad de trabajar en B en ningún caso es de la trabajadora, es de las familias”.
Cabe recordar que la Seguridad Social se ha puesto muy seria en sanciones relacionadas con esta materia: en concreto, multas económicas que pueden ir desde los 7.500 euros, hasta los 30.000 euros, algo que, en palabras de Daniel Ibiza, “puede llegar a destrozar a una familia”.
La combinación de precaución individual, concienciación colectiva y regulación estatal es clave para frenar la proliferación de estas estafas. Es crucial que todas las partes implicadas, trabajadoras, familias y autoridades, actúen coordinadamente para garantizar un entorno laboral seguro y justo.