La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha suscrito el Manifiesto por la Equiparación del IVA de los Servicios de Atención a la Dependencia, según ha informado la patronal en un comunicado.
El texto lo ha promovido el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) y reunió, en un acto celebrado en Madrid, a una multitud de entidades representativas del sector de los servicios sociales de toda España.
AERTE reclama un IVA unificado del 4% para todos los Servicios de Atención a la Dependencia.
Desde dicha institución reiteran que no tiene explicación que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente. El presidente de AERTE, José María Toro, insiste en que supondría un “importante ahorro“ para el usuario.
Razones por las que se ha puesto en marcha esta medida
Esta iniciativa se ha puesto en marcha por tres razones principales.
En primer lugar, porque “no tiene explicación que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente”, según Toro. Así, apunta que en el año 2023, el precio medio de una plaza privada para personas mayores en la Comunidad Valenciana era de 2.065 euros al mes.
Hay que recordar que a este servicio se le aplica, además, un IVA del 10%, salvo que la plaza sea concertada o reciba una prestación vinculada al servicio, en cuyo caso se aplica un tipo de gravamen reducido del 4%.
Por tanto, las personas que necesitan ser atendidas en una residencia, en un centro de día o recibir un Servicio de Ayuda a Domicilio o de promoción de la autonomía y que todavía no han recibido la resolución, a pesar de haber solicitado la ayuda, deben pagar un 6% más de IVA.
Un derecho universal, y no un lujo
Para José María Toro, es un “derecho universal y no un lujo” poder acceder a este tipo de servicios, por lo que “no tiene sentido tal y como está funcionando actualmente”. Hay que recordar que, según la Ley 39/2006 (LAPAD), se establece como uno de sus principios “la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de Dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en la propia Ley”.
Además, AERTE también pretende hacer hincapié en que no es justo que se penalice a un ciudadano incrementando el IVA del servicio, ya que éste se ve obligado a contratarlo debido a la ineficacia del sistema público a la hora de conceder las ayudas.
Al respecto, afirman que “la falta” de plazas públicas y “el largo” periodo de tiempo que transcurre desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se otorga un servicio o prestación, una media de 321 días de media en 2023, obliga a muchas personas con necesidades asistenciales a optar por una plaza no concertada debiendo asumir un 6% más de IVA que el resto.
José María Toro ve abusivo el coste de la atención a la dependencia
En Aiudo hemos preguntado a José María Toro, presidente de AERTE, qué opina sobre que un servicio que se considera de primera necesidad como es la dependencia se haya estado tributando por encima del 4%.
“No lo sabemos. En teoría el IVA debería gravar un tipo de servicio, los de atención a las personas en situación de dependencia, con independencia de quien paga el coste de la plaza. Sin embargo, ahora mismo se paga el 4% cuando la plaza es pública o si ya se recibe una prestación de dependencia. Mientras, la persona que recibe el mismo servicio pero está pendiente de la resolución, estará pagando hasta ese momento, un 10%. La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos“, expresa Toro.
En referencia a los posibles beneficios que podría suponer unificar el IVA al 4% en todos los servicios de la dependencia, el presidente de la institución valenciana sí ve sobredimensionado el coste que supone y atisba esperanza de que el servicio a la dependencia aumente por mejora en el acceso.
“Para hacernos una idea, en el año 2023 el precio medio de una plaza privada en una residencia para personas mayores en la Comunidad Valenciana era de 2.065 euros al mes. A ese servicio se le aplica un IVA del 10%, salvo que la plaza sea concertada o reciba una prestación vinculada al servicio, en cuyo caso se aplica un tipo de gravamen reducido del 4%. Por tanto, las personas que necesitan ser atendidos en una residencia, en un centro de día o recibir un servicio de ayuda a domicilio o de promoción de la autonomía y que todavía no han recibido la resolución, a pesar de haber solicitado la ayuda, deben pagar un 6% más de IVA. Estas personas se ven doblemente perjudicadas: pagan la totalidad del precio ya que no tienen ninguna ayuda y, al mismo tiempo, pagan una media de 123.90 euros mensuales más de impuestos, en el caso de una residencia“, concluye José María Toro.
El IVA al 4%, una mejora de la capacidad económica
Existen productos y servicios que son considerados de primera necesidad, sobre todo para personas con necesidades especiales, como: servicios de reparación de vehículos para personas con movilidad reducida y sillas de rueda.
Sobre todo son beneficios enfocados a satisfacer las necesidades de personas con necesidades especiales, como:
- Servicios de reparación de vehículos para personas con movilidad reducida y sillas de ruedas.
- Servicios de adaptación de autotaxis y autoturismos y de los vehículos de motor destinados a transportar personas con discapacidad.
- Arrendamiento con opción a compra de viviendas de protección oficial, ya sean de régimen especial o promoción pública.
- Servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, atención residencial concertada, de concurso administrativo o prestación económica que cubra más del 10% del precio.
Estos son algunos de los productos y servicios de primera necesidad que, según la página web oficial de la Agencia Tributaria, tributan al 4%.
Con el IVA unificado al 4% a Servicios de Ayuda a Dependencia se pretende aliviar la situación de muchas personas dependientes que, a día de hoy, pagan más de 1.486,80 euros de media anuales.
Esto, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de las familias derivados de los elevados costes de elementos básicos como el agua, la luz, o los alimentos, puede llegar a ser una medida con una gran acogida y que consiga incentivar la contratación de estos servicios a la Dependencia.